En la tercera parte de su estudio sobre verdad y Estado Constitucional,
Peter Häberle, al igual que Michel Foucault interpretan el accionar del Estado o
más bien de los individuos que llevan las riendas de éste, motivados por el ejercicio de la verdad, en
este sentido, Häberle nos explica que “El
Intento de concebir el Estado constitucional a la Manera de un foro para la búsqueda
de la verdad será complementado en lo que resta desde dos vertientes
fundamentales: 1) la vertiente subjetiva constituida por las tres libertades
fundamentales, a saber religión, arte y ciencia; y 2) la vertiente objetiva que
supone una clasificación de la clausula del pluralismo, creada recientemente en
Europa oriental…
Esta segunda
vertiente se relaciona con dos de los principios en donde descansa el Estado
constitucional: el principio de responsabilidad y el de la esfera pública. Éste
último trata del antiguo ideal ilustrado de convertir a la verdad en objeto de
dominio público, sin reparar en las desventajas y peligros que esto pueda
conllevar para la propia persona.[1]
El presidente de Bolivia Evo Morales, en el cargo desde 2006, en el
marco de sus facultades constitucionales ha decidido otra nacionalización en
torno a la administración pública, hoy le tocó a la industria eléctrica. Veamos
cómo está constituido el Estado boliviano y de donde emergen las facultades del
presidente.
La Constitución Política del
Estado de 2009 establece la división de poderes en cuatro órganos de gobierno:
Órgano Ejecutivo
Compuesto
por el Presidente (Jefe de Estado), el Vicepresidente y los Ministros de Estado.
El Presidente y el Vicepresidente son elegidos por sufragio universal y tienen
un período de mandato de cinco años. Ambos pueden ser reelegidos por una sola
vez.
Órgano Legislativo
La Asamblea
Legislativa Plurinacional es presidida por el Vicepresidente de Estado. Está
compuesta por dos cámaras: la Cámara de Senadores con 36 miembros (cuatro
representantes de cada departamento) y la Cámara de Diputados con 130 miembros
(la mitad elegida por votación directa y la otra mitad elegida de forma
indirecta en la lista encabezada por el candidato a Presidente). Su facultad es
la de aprobar y sancionar leyes. La Constitución prevé diputaciones especiales
para los pueblos indígenas.
Órgano Judicial
Formado por
el Tribunal Supremo de Justicia (máxima instancia de jurisdicción ordinaria),
Tribunales, Juzgados y el Consejo de la Magistratura. La justicia es impartida
en dos tipos de jurisdicciones: ordinaria e indígena originaria campesina. La
justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional.
Órgano Electoral
Compuesto
por el Tribunal Supremo Electoral, como la máxima instancia, misma que está formada
por siete miembros elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional, asimismo,
están integrados al mismo órgano los Tribunales Departamentales, Juzgados
Electorales, Juzgados de Mesa y Notarios Electorales.
El 25 de enero de 2009 se realizó el referendo constitucional y se
promulgó el 7 de febrero, mediante la cual se determinó que el Presidente de la
República tendría atribuciones ejecutivas, legislativas, administrativas,
propositivas, de otorgación de premios y títulos, de defensa, seguridad,
designación y nombramiento. El Presidente del Estado Plurinacional también tendría
la facultad de interponer recursos ante los Tribunales de Justicia y consultas
al Tribunal Constitucional Plurinacional.
La principal atribución de la primera autoridad del Poder
Ejecutivo es precisamente la Ejecutiva, por la cual debe ejecutar y hacer
cumplir las leyes de la República, expedir los Decretos y órdenes que sean
convenientes, sin que ello signifique la privación de derechos, la alteración
de los definidos por ley o la contradicción a las disposiciones legales
vigentes. Esta atribución principal debe realizarla guardando las restricciones
consignadas en la Constitución Política del Estado.
De acuerdo con el Artículo 172 de la Constitución Política del
Estado, son atribuciones del Presidente del Estado Plurinacional.
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.
2. Mantener y preservar la unidad del Estado boliviano.
3. Proponer y dirigir las políticas de gobierno y de Estado.
4. Dirigir la administración pública y coordinar la acción de los
Ministros de Estado.
5. Dirigir la política exterior; suscribir tratados internacionales;
nombrar servidores públicos diplomáticos y consulares de acuerdo a la ley; y
admitir a los funcionarios extranjeros en general.
6. Solicitar la convocatoria a sesiones extraordinarias al
Presidente o Presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
7. Promulgar las leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa
Plurinacional.
8. Dictar decretos supremos y resoluciones.
9. Administrar las rentas estatales y decretar su inversión por intermedio
del Ministerio del ramo, de acuerdo a las leyes y con estricta sujeción al
Presupuesto General del Estado.
10. Presentar el plan de desarrollo económico y social a la Asamblea
Legislativa Plurinacional.
11. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dentro de las
treinta primeras sesiones, el proyecto de ley del Presupuesto General del
Estado para la siguiente gestión fiscal y proponer, durante su vigencia, las
modificaciones que estime necesarias. El informe de los gastos públicos conforme
al presupuesto se presentará anualmente.
12. Presentar anualmente a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en
su primera sesión, el informe escrito acerca del curso y estado de la
Administración Pública durante la gestión anual, acompañado de las memorias
ministeriales.
13. Hacer cumplir las sentencias de los tribunales.
14. Decretar amnistía o indulto, con la aprobación de la Asamblea
Legislativa Plurinacional.
15. Nombrar, de entre las ternas propuestas por la Asamblea
Legislativa Plurinacional, a la Contralora o al Contralor General del Estado, a
la Presidenta o al Presidente del Banco Central de Bolivia, a la máxima
autoridad del Órgano de Regulación de Bancos y Entidades Financieras, y a las
Presidentas o a los Presidentes de entidades de función económica y social en
las cuales interviene el Estado.
16. Preservar la seguridad y la defensa del Estado.
17. Designar y destituir al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas
y a los Comandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada.
18. Designar y destituir al Comandante General de la Policía
Boliviana.
19. Proponer a la Asamblea Legislativa Plurinacional los ascensos a
General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a Almirante,
Vicealmirante y Contralmirante, y a General de la Policía, de acuerdo a informe
de sus servicios y promociones.
20. Crear y habilitar puertos.
21. Designar a sus representantes ante el Órgano Electoral.
22. Designar a las Ministras y a los Ministros de Estado, respetando
el carácter plurinacional y la equidad de género en la composición del gabinete
ministerial.
23. Designar a la Procuradora o al Procurador General del Estado.
24. Presentar proyectos de ley de urgencia económica, para su
consideración por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá tratarlos
con prioridad.
25. Ejercer el mando de Capitana o Capitán General de las Fuerzas
Armadas, y disponer de ellas para la defensa del Estado, su independencia y la
integridad del territorio.
26. Declarar el estado de excepción.
27. Ejercer la autoridad máxima del Servicio Boliviano de Reforma
Agraria y otorgar títulos ejecutoriales en la distribución y redistribución de
las tierras.
Es menester
hacer una reflexión sobre la nacionalización de empresas en Bolivia, para
acercarnos un poco a lo que señalan Häberle y Foucault en el sentido de que lo
esencial es buscar la verdad, ese ejercicio nos deja muchos malos sabores de
boca, sin embargo, el gobierno boliviano en el primer año de gobierno, nacionalizó
en mayo de 2006 los hidrocarburos con la renegociación de contratos con una
docena de petroleras, entre ellas Repsol, Petrobras, BG y Total.
En 2009 nacionalizó la mayor telefónica del país que
estaba en manos de la italiana ETI y en 2010 las cuatro mayores generadoras
eléctricas que eran de la francesa Suez, de la británica Rurelec y de
accionistas bolivianos. Sólo con ETI el gobierno ha podido cerrar negociaciones
para fijar el monto de indemnización.
A decir de las acciones emprendidas por el gobierno
encabezado por el presidente Morales, la nacionalización de los hidrocarburos
mejoró los ingresos del Estado y financió subsidios para los más pobres, sin
embargo, también disminuyó las inversiones extranjeras, afectando sobre todo la
producción de crudo para el mercado interno. Lo mismo ocurrió con la industria
eléctrica. El año pasado varias ciudades sufrieron cortes por un estancamiento
del nivel de reserva frente el aumento de la demanda.
El Presidente Evo Morales expreso que "Nosotros invertimos 220 millones de dólares en la generación y otros se
aprovechan, por eso hermanos y hermanas hemos decidido nacionalizar la
transportadora de electricidad", de igual manera "Para aclarar ante la opinión pública
nacional e internacional, estamos nacionalizando una empresa que antes era
nuestra".
Este par de
expresiones deja claro el sentido del discurso que está dando a la opinión
pública, tratando de justificar la acción de su gobierno, en tanto y con base
en los resultados expresados, deja muchas dudas si es sólo un discurso en aras
de proyectar una ideología o es un capricho del ejecutivo y dentro de ese
discurso está ocultando lo más importante, la verdad que se expresan los resultados negativos señalados
líneas arriba en torno a los hidrocarburos y a la energía eléctrica, éste desde
el enfoque del principio de responsabilidad
y el de la esfera pública que maneja Häberle, porque el asunto desde
nuestro humilde punto de vista, no es nacionalizar por la acción que pueda
realizar el Estado, en México también se nacionalizó la telefonía y hoy por hoy
tenemos más de 50 millones de mexicanos en pobreza y un multimillonario que
bajo el auspicio del gobierno logró hacerse de esa empresa y muchas más, enmarcado en
el discurso de que el Estado no era un buen administrador.
Evo Morales está en
la disyuntiva de gastar los recursos del Estado en la indemnización de los
propietarios de las compañías, pero deberá estar al tanto de si su decisión es correcta
con la lupa de la supervisión, porque esa historia ya la recorrimos en México,
el Estado compró industrias que luego quebraron y las remató, perdiendo en la
compra y en la venta de estas. La historia es la única que puede decirnos si el
presidente Morales está diciendo la verdad, si está expresando el sentir de un
gobierno que cree que con la nacionalización de su industria beneficiará, como
lo expreso, al pueblo boliviano, ese ente abstracto que no tiene posibilidades
de responder en su nombre porque no tiene mecanismos para su defensa ante un
decreto del presidente.
[1] Häberle, Peter, Verdad y Estado Constitucional,
Reflexiones sobre la Teoría de la Constitución, Tercera Parte p 119.
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